Caracas.– El caso de dos desarrolladores venezolanos ha reavivado el debate sobre el manejo institucional dentro del sector hípico nacional. Diversas voces han comenzado a denunciar abusos del Potro Álvarez en el Instituto Nacional de Hipódromos, luego de que los programadores Alexander Pinzón y Gabriel Fuenmayor terminaran en prisión tras un proceso judicial que sus familiares califican como irregular.
Los dos empresarios tecnológicos, socios de la empresa Tecnoapac, fueron condenados a seis años y seis meses de prisión por fraude y acceso indebido a sistemas informáticos. Sin embargo, allegados al caso sostienen que la investigación y el juicio estuvieron marcados por procedimientos cuestionados, falta de pruebas técnicas contundentes y decisiones judiciales que limitaron la defensa.
El caso ha generado preocupación en sectores profesionales y tecnológicos del país, que observan con inquietud cómo un emprendimiento privado terminó en un proceso penal que todavía está siendo apelado ante instancias judiciales.
Denuncian abusos del Potro Álvarez en el Instituto Nacional de Hipódromos
El conflicto gira en torno al software Hípico Office, una plataforma informática creada por Tecnoapac para administrar apuestas en locales hípicos conocidos como vendepagas.
El sistema permitía registrar las jugadas de los clientes, calcular automáticamente los montos de pago y llevar el control administrativo de estos establecimientos. Su uso se extendió rápidamente entre operadores del sector debido a su facilidad de uso y bajo costo operativo, que rondaba los diez dólares mensuales.
De acuerdo con familiares de los desarrolladores, la empresa contaba con más de 14 años de trayectoria en el sector tecnológico venezolano, ofreciendo soluciones informáticas y operando bajo registros legales.
Sin embargo, el crecimiento del software y su expansión en distintas regiones del país terminó llamando la atención de autoridades vinculadas a la actividad hípica, lo que desencadenó una investigación que terminaría en la detención de sus creadores.
Una citación policial que terminó en arresto
El 10 de octubre de 2024 marcó el inicio de la crisis para los programadores. Ese día, Gabriel Fuenmayor recibió una citación para presentarse ante funcionarios policiales luego de que uno de sus clientes le informara que el software estaba siendo investigado.
La convocatoria llegó a través de un mensaje digital. Fuenmayor acudió a la sede policial confiando en que se trataba de una consulta técnica sobre el funcionamiento del sistema.
Una vez allí, los funcionarios le pidieron que contactara a su socio Alexander Pinzón para que también acudiera al lugar.
Según relatan los familiares, ambos empresarios se presentaron voluntariamente y respondieron a las preguntas de los funcionarios. No obstante, lo que parecía una entrevista terminó derivando en una detención que, aseguran, no estuvo acompañada de pruebas técnicas claras que justificaran el procedimiento.
Durante las primeras horas de investigación se les habría señalado de supuestas irregularidades informáticas vinculadas con el funcionamiento del software, acusaciones que posteriormente formarían parte del expediente judicial.
Reunión en el Instituto Nacional de Hipódromos
Tras la citación policial, los programadores fueron trasladados al Hipódromo La Rinconada, sede administrativa del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).
De acuerdo con el relato de sus allegados, en ese lugar sostuvieron una reunión con Antonio “El Potro” Álvarez, actual presidente del organismo.
Durante el encuentro se habría planteado que cualquier plataforma tecnológica vinculada al negocio hípico debía contar con autorización previa del instituto para poder operar en el país.
Los desarrolladores, según su versión, respondieron que su empresa funcionaba legalmente y que no existía una normativa clara que exigiera ese tipo de permiso para comercializar software administrativo.
El intercambio habría generado tensiones. Familiares de los programadores aseguran que, tras esa discusión, se produjo la orden de detenerlos y trasladarlos nuevamente bajo custodia policial.
Traslado a centros de detención
Después del encuentro en el hipódromo, los programadores fueron llevados a instalaciones policiales donde permanecieron varios días antes de ser presentados ante un tribunal.
Sus abogados señalan que durante ese período se retrasó la presentación formal ante la justicia, algo que consideran una de las primeras irregularidades del caso.
Posteriormente fueron imputados por varios delitos contemplados en la legislación sobre delitos informáticos, entre ellos asociación para delinquir, fraude y acceso indebido a sistemas.
Tras la audiencia judicial inicial, los empresarios fueron trasladados a un centro de detención preventiva donde permanecieron durante más de un año mientras avanzaba el proceso judicial.
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Cuestionamientos al proceso judicial
Durante el juicio, la defensa solicitó diligencias de investigación para revisar pruebas técnicas y demostrar el funcionamiento legítimo del software desarrollado por Tecnoapac.
Sin embargo, los abogados denunciaron que varias de estas solicitudes no fueron admitidas por el tribunal, lo que habría limitado la posibilidad de desmontar las acusaciones presentadas por la Fiscalía.
También señalan que el caso carecía de evidencia técnica contundente que demostrara manipulación ilegal de datos o fraude informático.
Finalmente, el tribunal absolvió a los programadores de algunos de los cargos iniciales, pero los condenó por fraude y acceso indebido a sistemas informáticos.
La sentencia estableció una pena de seis años y seis meses de prisión, decisión que actualmente está siendo revisada en instancias superiores.
La controversia por el software Hípico Office
Uno de los aspectos más delicados denunciados por los familiares ocurrió después de la detención de los desarrolladores.
Según su versión, funcionarios acudieron a la sede de la empresa Tecnoapac y solicitaron a los empleados que explicaran el funcionamiento del sistema Hípico Office.
Durante esas reuniones, los ingenieros habrían tenido que detallar claves, estructura y funcionamiento del software con la expectativa de que esa colaboración pudiera favorecer la situación judicial de los detenidos.
Posteriormente, familiares aseguran que el Instituto Nacional de Hipódromos comenzó a utilizar un sistema informático con características similares al desarrollado por los programadores, lo que ha generado nuevas sospechas y cuestionamientos.
Esperan decisión de la Corte de Apelaciones
En diciembre de 2025, Alexander Pinzón y Gabriel Fuenmayor fueron trasladados a la Comunidad Penitenciaria de Coro, en el estado Falcón, donde permanecen actualmente.
Mientras tanto, el caso sigue su curso en la Corte de Apelaciones, instancia que deberá revisar la sentencia dictada en el juicio.
Los familiares esperan que los magistrados evalúen nuevamente el expediente y determinen si el proceso estuvo marcado por irregularidades que puedan justificar la anulación de la condena.
Para quienes siguen de cerca el caso, el resultado de la apelación podría convertirse en un precedente importante para el sector tecnológico y empresarial venezolano, especialmente en lo relacionado con la relación entre emprendimientos privados y organismos que regulan determinadas actividades económicas.