Funcionarios del CICPC presos en El Rodeo es la grave denuncia que comenzó a circular en las últimas horas tras revelarse la presunta detención arbitraria de decenas de expertos forenses que se habrían negado a alterar pruebas relacionadas con un supuesto bombardeo en Fuerte Tiuna, en Caracas.
La información fue difundida inicialmente por el periodista venezolano David Placer a través de sus redes sociales, donde aseguró que al menos 30 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron privados de libertad y trasladados a la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda. Sin embargo, versiones extraoficiales apuntan a que la cifra podría ser considerablemente mayor.
Funcionarios del CICPC presos en El Rodeo: ¿qué ocurrió tras el operativo?
De acuerdo con los señalamientos públicos, los hechos estarían vinculados a la denominada “Operación Resolución Absoluta”, un procedimiento que habría incluido acciones militares dentro de Fuerte Tiuna. Tras el operativo, como corresponde en cualquier investigación de alto impacto, expertos forenses del CICPC acudieron al lugar para realizar levantamiento de evidencias, fotografías criminalísticas y análisis técnicos.
Según lo denunciado, varios funcionarios se habrían negado a modificar los resultados periciales y las imágenes recolectadas en el sitio, alegando principios éticos y apego a los protocolos legales. Esa negativa habría desencadenado represalias inmediatas.
Entre los nombres mencionados públicamente destaca el de Joharlim Enrique Luzardo Noria, un experimentado jefe de fotografía forense con más de tres décadas de trayectoria en el organismo, incluso desde los tiempos de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ). Compañeros de trabajo lo describen como un profesional intachable, incapaz de alterar evidencia en cualquier investigación.
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Detenciones bajo señalamientos cuestionados
De acuerdo con versiones difundidas por familiares y allegados, los funcionarios fueron convocados el pasado 23 de enero a una reunión interna. Desde ese momento, sus parientes perdieron contacto con ellos durante varios días. No fue sino hasta el 1 de febrero cuando se les notificó que estaban recluidos en la prisión de El Rodeo, ubicada en Guatire.
El señalamiento formal en su contra sería un supuesto intento de magnicidio contra el director del organismo, Douglas Rico. Sin embargo, allegados consideran que la acusación busca justificar una acción disciplinaria encubierta, tras la negativa de los funcionarios a modificar los informes técnicos.
La detención habría sido ejecutada inicialmente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo que en reiteradas oportunidades ha sido cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos por presuntos abusos y detenciones arbitrarias.
Versiones extraoficiales elevan la cifra
Mientras los reportes iniciales hablan de aproximadamente 30 detenidos, investigaciones periodísticas independientes señalan que el número podría acercarse a 80 personas, incluyendo familiares que acudieron a solicitar información sobre sus parientes.
El periodista de investigación César Batiz, director del medio digital El Pitazo, indicó en su trabajo que existen múltiples testimonios que coinciden en que el número real superaría ampliamente la versión oficial.
🔗 Fuente referencial: https://elpitazo.net
La gravedad de la situación no solo radica en el número de detenidos, sino en la denuncia de presuntas torturas y tratos crueles. Según testimonios divulgados, algunos de los funcionarios permanecerían encapuchados durante la mayor parte del tiempo y sometidos a aislamiento.
Un patrón que genera alarma institucional
El caso de los funcionarios del CICPC presos en El Rodeo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la autonomía técnica de los cuerpos de investigación en Venezuela. Expertos en derecho penal consultados por distintos medios independientes advierten que la manipulación de evidencias compromete la credibilidad del sistema de justicia y debilita el Estado de Derecho.
La situación también abre interrogantes sobre la presión política dentro de los organismos de seguridad y el rol que juegan las instituciones frente a hechos de alto impacto nacional.
Analistas sostienen que cuando peritos forenses son castigados por cumplir con los protocolos legales, se envía un mensaje intimidatorio al resto de la estructura institucional.
Repercusiones nacionales e internacionales
Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado que cualquier detención debe cumplir con el debido proceso, derecho a la defensa y acceso a abogados. Además, subrayan que la integridad física y psicológica de los detenidos debe ser garantizada.
El caso de los funcionarios del CICPC presos en El Rodeo podría generar pronunciamientos internacionales si se confirman las denuncias sobre presiones para alterar evidencias oficiales.
En los últimos años, informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela han advertido sobre patrones de persecución y criminalización de funcionarios que se niegan a cumplir órdenes irregulares.
Un país pendiente de respuestas
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento detallado que aclare las circunstancias exactas de estas detenciones. La opacidad institucional aumenta la incertidumbre y el temor entre familiares y compañeros de los detenidos.
Lo cierto es que el caso de los funcionarios del CICPC presos en El Rodeo ha generado inquietud dentro y fuera del país, reavivando el debate sobre la independencia de los organismos técnicos y la transparencia en investigaciones de alto perfil.
Mientras tanto, familiares continúan exigiendo información clara sobre el estado de salud de los detenidos y el respeto a sus derechos fundamentales.