ONG denuncian que el anuncio del fin de la amnistía es arbitrario e inconstitucional mientras persisten casi 500 presos políticos en el país
El anuncio de Delcy Rodríguez no solo sorprendió por su contenido, sino por lo que dejó sin explicar. Dos meses después de la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, la funcionaria aseguró que la medida “llega a su fin”, sin detallar bajo qué mecanismo legal ni qué implicaciones tendrá para quienes aún esperan beneficiarse.
La declaración ocurre en un contexto delicado: según organizaciones no gubernamentales, todavía hay 473 presos políticos en Venezuela, lo que pone en duda el alcance real de la normativa y su impacto en la situación de derechos humanos. La falta de claridad ha abierto un nuevo frente de críticas contra el régimen venezolano, especialmente desde sectores que ven en esta decisión un retroceso institucional.
El anuncio se dio el mismo día en que el oficialismo presentó nuevas instancias como el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y una Comisión para la Reforma de la Justicia Penal. Rodríguez sugirió que los casos excluidos de la amnistía podrían canalizarse por esas vías, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre procedimientos o garantías.
Rechazo inmediato de ONG y expertos
Las reacciones no tardaron. La ONG Provea calificó la decisión como “arbitraria e inconstitucional”, advirtiendo que no contribuye al clima de reconciliación que el propio oficialismo ha promovido en su discurso.
En la misma línea, Acceso a la Justicia sostuvo que la ley no establece ninguna fecha de caducidad, por lo que sigue vigente independientemente de lo que declare el Ejecutivo. Para esta organización, el problema no es solo político, sino jurídico: el Gobierno estaría actuando fuera de sus competencias.
Los expertos recuerdan que una ley de este tipo solo puede ser derogada por otra norma de igual rango aprobada por el Parlamento o mediante una sentencia del Tribunal Supremo. Cualquier otra vía, sostienen, vulnera la separación de poderes, uno de los pilares del orden constitucional.
Desde Justicia, Encuentro y Perdón fueron aún más directos. Consideran que dar por finalizada la amnistía mediante un anuncio político representa un “atropello al Estado de derecho” y deja a las víctimas en una situación de incertidumbre jurídica.
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Una medida bajo sospecha
Más allá del debate legal, el trasfondo del anuncio apunta a un problema mayor: la credibilidad de la amnistía como herramienta real de justicia. Para varias ONG, lo ocurrido confirma temores previos de que la ley sería utilizada más como un recurso político que como un mecanismo efectivo para liberar a los presos políticos en Venezuela.
El concepto de “fin de la amnistía” introduce además un elemento de inseguridad jurídica. Según analistas, podría interpretarse como una instrucción indirecta a tribunales para frenar procesos de liberación, pese a que no existe una base legal clara para ello.
Esto, advierten, no solo afecta a quienes siguen detenidos, sino también a quienes ya iniciaron trámites bajo la ley. En la práctica, deja en el limbo a decenas de casos y genera dudas sobre la estabilidad de cualquier decisión judicial relacionada.
Cifras oficiales vs denuncias independientes
Mientras tanto, el oficialismo defiende su gestión con números. El diputado chavista Jorge Arreaza aseguró recientemente que 8.616 personas han sido amnistiadas, aunque solo 314 estaban privadas de libertad. El resto, según explicó, contaba con medidas cautelares.
También indicó que se recibieron más de 12.000 solicitudes, lo que reflejaría una alta demanda del mecanismo. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han publicado un listado oficial con los nombres de los beneficiados, algo que ha sido solicitado tanto por ONG como por organismos internacionales.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha insistido en la necesidad de mayor transparencia. Sin esa información, resulta difícil verificar el alcance real de la medida o contrastar las cifras oficiales con la situación en terreno.
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Lo cierto es que el anuncio de Delcy Rodríguez llega en un momento en que la comunidad internacional sigue de cerca cualquier señal relacionada con los presos políticos en Venezuela. Lejos de cerrar el capítulo de la amnistía, la decisión parece haber abierto nuevas interrogantes.
Con cientos de detenidos aún pendientes y una ley cuya vigencia ahora es objeto de disputa, el escenario apunta a una mayor tensión institucional. Y, sobre todo, deja en evidencia que la promesa de reconciliación sigue siendo, para muchos, una expectativa incumplida.